Creado en colaboración con el Helpdesk sobre Empresas y Derechos Humanos

Trabajo infantil

Casi 1 de cada 10 niños/as en todo el mundo está sometido a trabajo infantil, una cifra que ha aumentado por primera vez en dos décadas y es probable siga aumentando debido a las crisis climáticas, sanitarias y de seguridad mundiales.

Definición e instrumentos jurídicos

Definición

Según la OIT, el término «trabajo infantil» es el trabajo que priva a los/as niños/as de su infancia, de su potencial y de su dignidad, y que es perjudicial para el desarrollo físico y mental. Se refiere al trabajo que:

  • Es mental, física, social o moralmente peligroso y perjudicial para los/as niños/as; y/o
  • Interfiere en su escolarización privándoles de la oportunidad de asistir a la escuela; obligándoles a abandonar prematuramente la escuela; u exigiendo que intenten combinar la asistencia escolar con un trabajo excesivamente prolongado y pesado.

Es importante diferenciar entre las violaciones de la edad mínima y las peores formas de trabajo infantil. La edad mínima para trabajar se define como sigue:

  • La edad mínima para trabajar no debe ser inferior a la edad para completar la educación obligatoria, y por general, no inferior a 15 años. Sin embargo, los Estados cuya economía y centros educativos no están suficientemente desarrollados pueden especificar inicialmente una edad mínima de 14 años como medida transitoria (Convenio sobre la edad mínima n.º 138).
  • Los/as niños/as pueden realizar trabajos leves a partir de los 13 años de edad (o 12 como medida transitoria), siempre que no interfiera en su educación o formación profesional y que no tenga un impacto negativo en su salud (Convenio sobre la edad mínima n.º 138).

Las peores formas de trabajo infantil incluyen (Convenio n.° 182 sobre las peores formas de trabajo infantil):

  • Venta y trata de niños/as, servidumbre y servidumbre por deudas y trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños/as para utilizarlos en conflictos armados;
  • La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños/as para la prostitución o actuaciones pornográficas;
  • La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños/as para la realización de actividades ilícitas (por ejemplo, la producción y el tráfico de drogas).

El trabajo infantil también incluye el trabajo peligroso realizado por trabajadores jóvenes mayores de la edad mínima legal para trabajar pero menores de 18 años. De acuerdo con la OIT, se entiende por trabajo peligroso aquel que, por su naturaleza o las circunstancias en las que se realiza, es probable que perjudique la salud, la seguridad o la moral de los/as niños/as. Algunos ejemplos de trabajo infantil peligroso son:

  • Trabajo que expone a los/as niños/as a abusos físicos, psicológicos o sexuales;
  • Trabajar bajo tierra, bajo el agua, a alturas peligrosas o en espacios confinados;
  • Trabajar con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o que impliquen la manipulación manual o el transporte de cargas pesadas;
  • Trabajar en un entorno poco saludable que puede, por ejemplo, exponer a los/as niños/as a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, niveles de ruido o vibraciones perjudiciales para su salud;
  • Trabajar en condiciones especialmente difíciles, por ejemplo durante largas horas de trabajo o durante la noche o cuando el/la niño/a está confinado/a injustificadamente en las instalaciones del empleador.

La OIT proporciona orientación adicional sobre los tipos de trabajo peligroso, mientras que la legislación nacional incluye a menudo listas de actividades peligrosas prohibidas para niños/as. Es importante tener en cuenta que la lista de actividades peligrosas prohibidas variará entre los Estados, dependiendo de una variedad de factores contextuales. Por lo tanto, a menudo es mejor seguir las mejores prácticas y esforzarse para evitar que los niños/as trabajen en trabajos peligrosos.

Instrumentos jurídicos

Convenios de la OIT y de las Naciones Unidas

Dos Convenios de la OIT y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño proporcionan el marco para que la legislación nacional defina una línea clara entre lo que es aceptable y lo que no en lo que se refiere al empleo infantil. La abolición efectiva del trabajo infantil es uno de los cinco derechos y principios fundamentales en el trabajo de la OIT que los Estados miembros deben promover, independientemente de si han ratificado o no los respectivos convenios que se enumeran a continuación.

El Convenio n.º 182 de la OIT ha sido ratificado por los 187 Estados miembros de la OIT (el único Convenio de la OIT que ha logrado la ratificación universal). La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Niño también ha sido ratificada por todos los países, excepto Estados Unidos (aunque este país firmó la Convención). Por otra parte, la mayoría de los Estados han ratificado el Convenio n.º 138 de la OIT. Esto significa que en la mayoría de los países debe existir legislación nacional pertinente para aplicar lo dispuesto en estos instrumentos jurídicos internacionales. En este sentido, es importante comprobar el estado de ratificación de determinados países como indicador de unas protecciones estatales potencialmente más limitadas contra el trabajo infantil. Sin embargo, la ratificación no garantiza que en estos países no exista el trabajo infantil, ya que la existencia y la aplicación de leyes nacionales para abordar el trabajo infantil varían.

La lucha contra el trabajo infantil es uno de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas: «Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil». Los cuatro principios relacionados con los derechos laborales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas se derivan de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Estos principios y derechos fundamentales en el trabajo se han afirmado y desarrollado en forma de derechos y obligaciones específicos en los Convenios y Recomendaciones Internacionales sobre el Trabajo y abarcan cuestiones relacionadas con el trabajo infantil, la discriminación en el trabajo, el trabajo forzoso, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.

Los Estados miembros de la OIT tienen la obligación de promover la erradicación del trabajo infantil, aunque no hayan ratificado los convenios en cuestión.

Otros instrumentos jurídicos

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) establecen la norma mundial relativa a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en sus operaciones y en el conjunto de sus cadenas de valor. Los Principios Rectores instan a los Estados a considerar una combinación inteligente de medidas (nacionales e internacionales, obligatorias y voluntarias) para fomentar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Las empresas deben tener en cuenta los Principios Rectores de las Naciones Unidas en sus decisiones operativas y de la cadena de suministro, y al seguir la legislación nacional.

Los Derechos del Niño y los Principios Empresariales (CRBP, por sus siglas en inglés) se propusieron por primera vez en 2010 y se basan en las normas, iniciativas y mejores prácticas existentes relacionadas con las empresas y los niños/as. Estos Principios buscan definir el alcance de la responsabilidad corporativa hacia los niños/as. Los Principios, que abarcan una amplia gama de cuestiones críticas (desde el trabajo infantil hasta las prácticas de marketing y publicidad y el papel de las empresas en la ayuda a los niños/as afectados por emergencias), instan a las empresas de todo el mundo a respetar los derechos de los niños/as a través de sus principales acciones comerciales, pero también a través de compromisos políticos, diligencia debida y medidas de remediación.

Legislación regional y nacional

Las empresas están cada vez más sujetas a requisitos de presentación de información no financiera y obligaciones de diligencia debida en las jurisdicciones en las que operan, que suelen incluir información sobre su desempeño. Existen varios ejemplos destacados de legislaciones nacionales que imponen específicamente la presentación de informes relacionados con los derechos humanos y otras obligaciones jurídicas positivas, como la diligencia debida, entre ellos la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido de 2015, la Ley de Esclavitud Moderna de Australia de 2018, la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California de 2010, la Ley de Deber de Vigilancia Corporativa de Francia de 2017, la Ley alemana sobre las Obligaciones de Diligencia Debida corporativa en las Cadenas de Suministro de 2023 y la Ley noruega de Transparencia de 2022.

Asimismo, en 2021 los Países Bajos presentaron un Proyecto de Ley de Conducta Empresarial Internacional Responsable y Sostenible, y la Comisión Europea anunció su Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD). Es probable que esta Directiva entre en vigor entre 2025 y 2027 y hará obligatoria la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente para las empresas de mayor tamaño.

Estas leyes obligatorias de diligencia debida y revelación de información requieren que las empresas comuniquen públicamente sus esfuerzos por abordar las repercusiones reales y potenciales sobre los derechos humanos, incluidas las peores formas de trabajo infantil. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva un riesgo jurídico real para las empresas.