Factores de riesgo específicos del sector

Si bien los desafíos para proteger o garantizar los derechos de los pueblos indígenas están presentes en muchas industrias, los siguientes sectores presentan niveles particularmente significativos de riesgo: agricultura/agroindustria, infraestructuras y extracción, según se describe más a fondo a continuación. Sin embargo, los pueblos indígenas también se ven afectados por otros sectores, como el turismo y los viajes. Para identificar posibles riesgos en otros sectores, las empresas pueden acceder a la herramienta CSR Risk Check (Comprobación de riesgos relacionados con la Responsabilidad Social de las Empresas – RSE).

Según la ONU, los pueblos indígenas se ven particularmente afectados por proyectos de desarrollo agrícola a gran escala que se implementan sin su consentimiento libre, previo e informado.

Entre los factores de riesgo específicos de la agricultura figuran los siguientes:

• Como industria con un uso intensivo de la tierra, los proyectos de desarrollo agrícola o agroindustrial pueden invadir tierras indígenas. La falta de comprensión de los derechos específicos de los indígenas, como sus derechos sobre sus tierras y territorios tradicionales, o el principio del CLPI, es común, en particular cuando se opera en países con una protección deficiente de los derechos indígenas o normas legales poco sólidas.
• Los proyectos suelen tener lugar en áreas remotas o con escasa presencia de gobierno. Debido al aislamiento geográfico de muchas zonas indígenas, a menudo los pueblos indígenas tienen dificultades para acceder a la justicia o la reparación cuando se enfrentan a violaciones de sus derechos humanos, como la invasión ilegal, el acaparamiento de tierras o el desplazamiento forzoso.
• Los elevados subsidios a la exportación y el apoyo interno proporcionado a las empresas agroindustriales han provocado la pérdida de medios de vida para muchas comunidades indígenas. Por ejemplo, la ONU señala que los productores indígenas de maíz en México han experimentado la pérdida de medios de vida debido a prácticas de dumping de maíz barato y muy subsidiado de los EE. UU.

La ONU informa de que los megaproyectos de infraestructuras, como las grandes presas, han tenido un impacto desproporcionado en los pueblos indígenas. Las grandes presas hidroeléctricas, la infraestructura viaria y ferroviaria y las líneas eléctricas han provocado la pérdida de tierras indígenas y medios de vida, pérdida cultural y violaciones de los derechos humanos.

Entre los factores de riesgo específicos de las infraestructuras cabe destacar los siguientes:

• Se ha informado que la presión por la energía limpia o renovable impulsa violaciones de los derechos humanos, también contra los pueblos indígenas. El Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos afirma que tras el aumento de la inversión en energías renovables tras el acuerdo sobre el clima de París y el lanzamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, han aumentado las acusaciones de violaciones de los derechos humanos relacionadas con proyectos de energías renovables. Detrás de muchas de estas acusaciones hay procedimientos inadecuados de debida diligencia en materia de derechos humanos y de evaluación de impacto. Por ejemplo, el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos informó de que casi una cuarta parte (24 %) de las violaciones de los derechos sociales y los medios de vida en México están vinculados a la industria solar.
• Los proyectos hidroeléctricos se han relacionado con riesgos graves para la salud, lo que ha afectado negativamente a las comunidades indígenas que viven cerca de estos proyectos. Un estudio de Harvard de 2016 reveló que cuando se construyen presas para proyectos hidroeléctricos, el mercurio natural de los suelos se convierte en metilmercurio, una toxina relacionada con el deterioro de la calidad del agua. Esta contaminación del agua se asocia a riesgos graves para la salud, como enfermedades cardiovasculares y retrasos en el desarrollo neurológico en niños.
• Los proyectos de infraestructura también se han relacionado con otros problemas de seguridad. Por ejemplo, Minority Rights Group (Grupo de Derechos de las Minorías) informó de que en 2018, el agua vertida de un proyecto hidroeléctrico en el río Doyang en Nagaland, India, inundó 10 000 hectáreas y afectó a miles de personas, muchas de las cuales eran indígenas, al destruir sus casas, fábricas y campos. Los proyectos hidroeléctricos también se han relacionado con desprendimientos de tierras.
• Los nuevos proyectos de construcción de carreteras también se han relacionado con violaciones de los derechos indígenas. El proyecto de autopista Trans-Papua Highway, una red de 2 700 millas construida a lo largo de Papúa Occidental en Indonesia, es uno de esos ejemplos. El enorme proyecto de infraestructura es un factor clave del conflicto en curso y la deforestación, sin consultas con grupos indígenas papuanos. Los grupos de la sociedad civil informaron de que es poco probable que el proyecto de infraestructura beneficie a los indígenas papuanos, sino que amenaza su bienestar económico.

Se ha relacionado con frecuencia a la industria extractiva con violaciones de los derechos indígenas. Algunos casos conocidos ponen de manifiesto violaciones atroces de los derechos humanos, incluido el uso de fuerza letal o asesinatos selectivos de activistas indígenas o defensores de los derechos humanos. El desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas ha generado conflictos prolongados y disturbios sociales.

Entre los factores de riesgo específicos de la industria extractiva cabe destacar los siguientes:

• Como las operaciones mineras suelen estar ubicadas en tierras indígenas o cerca de estas, pueden afectar a los derechos culturales de los pueblos indígenas (véase el estudio de caso sobre Río Tinto y el barranco de Juukan).
• La gestión o la eliminación inadecuadas de los residuos mineros ha provocado contaminación del agua, la destrucción de los medios de vida y el desplazamiento de comunidades indígenas. Los problemas estructurales con las escombreras (por ejemplo, derrumbes) afectan de manera desproporcionada a las comunidades indígenas que sufren los peores efectos del daño ambiental y la degradación de tierras que son necesarias para su supervivencia material o cultural.
• La gran cantidad de agua necesaria en las operaciones mineras puede causar escasez de agua en las comunidades indígenas y afectar a sus medios de vida, incluida su propia agricultura. Las operaciones de minería de litio en el desierto de Atacama de Chile, por ejemplo, han afectado negativamente las costumbres y la agricultura de los pueblos indígenas. Al igual que la tierra, el agua puede tener valor espiritual y cultural para los pueblos indígenas. Como consecuencia de ello, la fuerte dependencia del agua puede conducir a la violación de los derechos indígenas a las tierras, territorios y recursos tradicionales.
• El uso de fuerzas de seguridad públicas y privadas para proteger los emplazamientos mineros, en particular en países donde se sabe que recurren a medidas violentas o represivas, suponen un alto riesgo de que las comunidades indígenas sufran graves violaciones de los derechos humanos. Los pueblos indígenas han sido víctimas de asesinatos, torturas, arrestos arbitrarios e intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad por manifestar su oposición a las operaciones mineras en sus tierras tradicionales.