• Pueblos indígenas:
  • descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales;
  • Conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, cualquiera que sea su situación jurídica.
• Pueblos tribales:
  • Sus condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional.
  • Están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.

En el contexto africano, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR) emitió un dictamen consultivo en 2007 sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La ACHPR hizo hincapié en que los pueblos indígenas tenían un apego y uso especial de las tierras tradicionales y un estado de subyugación, marginación, despojo, exclusión y discriminación debido a sus diferentes culturas, formas de vida y medios de subsistencia. Este dictamen asignaba un peso comparativamente menor a la asociación del carácter indígena al hecho de descender de los «primeros habitantes», ya que, como señaló la ACHPR, sobre esta base y en el contexto africano, la mayoría de los africanos se consideran indígenas.

Un convenio de la OIT y una declaración de la ONU constituyen el marco jurídico internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y son utilizados por la mayoría de los países que reconocen los derechos de los pueblos indígenas como guía de sus propias leyes nacionales. Estos convenios describen derechos específicos de los pueblos indígenas y sirven como marco para el empoderamiento indígena y tribal.

• Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, n.º 169 (1989)
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI)

Hasta la fecha, algo más de 20 países han ratificado el Convenio n.º 169 de la OIT. El Convenio es jurídicamente vinculante para los Estados que lo han ratificado y estos deben adoptar medidas concretas para garantizar que sus obligaciones derivadas del Convenio se apliquen efectivamente a escala nacional.

Sin embargo, en muchos países sigue habiendo dificultades considerables en cuanto a la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica, en particular en relación con el derecho a la consulta.

La DNUDPI, un instrumento no vinculante, cuenta con el apoyo de la mayoría de los Estados y fue aprobado por la Asamblea General en septiembre de 2007. La DNUDPI establece un marco universal de estándares mínimos para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. Profundiza en las normas de derechos humanos existentes y las libertades fundamentales que se aplican a la situación concreta de los pueblos indígenas.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) establecen la norma mundial relativa a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en sus operaciones y en el conjunto de sus cadenas de valor. Los Principios Rectores instan a los Estados a considerar una combinación inteligente de medidas (nacionales e internacionales, obligatorias y voluntarias) para fomentar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Las empresas deben tener en cuenta los Principios Rectores de las Naciones Unidas en sus decisiones operativas y de la cadena de suministro, y al seguir la legislación nacional.

Las empresas están cada vez más sujetas a requisitos de presentación de información no financiera y obligaciones de diligencia debida en las jurisdicciones en las que operan, que suelen incluir información sobre su desempeño. Existen varios ejemplos destacados de legislaciones nacionales que imponen específicamente la presentación de informes relacionados con los derechos humanos y otras obligaciones jurídicas positivas, como la diligencia debida, entre ellos la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido de 2015, la Ley de Esclavitud Moderna de Australia de 2018, la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California de 2010, la Ley de Deber de Vigilancia Corporativa de Francia de 2017, la Ley alemana sobre las Obligaciones de Diligencia Debida corporativa en las Cadenas de Suministro de 2023 y la Ley noruega de Transparencia de 2022.

Asimismo, en 2021 los Países Bajos presentaron un Proyecto de Ley de Conducta Empresarial Internacional Responsable y Sostenible, y la Comisión Europea anunció su Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD). Es probable que esta Directiva entre en vigor entre 2025 y 2027 y hará obligatoria la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente para las empresas de mayor tamaño.

Estas leyes obligatorias de diligencia debida y revelación de información requieren que las empresas comuniquen públicamente sus esfuerzos para abordar los impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos, incluido el trabajo forzoso. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva un riesgo jurídico real para las empresas.

El Acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (CUSMA) entró en vigor en julio de 2020. Su objetivo es abordar las cuestiones comerciales del siglo XXI y promover las oportunidades comerciales, aumentando el compromiso con los pueblos indígenas en el comercio y la inversión para garantizar que se reflejen sus intereses.

Varios factores subyacentes propician violaciones de los derechos indígenas, incluidos los siguientes:

• Un marco jurídico inadecuado y una política gubernamental frágil ofrecen una protección deficiente para los pueblos indígenas. Algunos países no reconocen plenamente la identidad indígena o ignoran preocupaciones o formas de vida específicas de los indígenas, lo que conduce a violaciones de los derechos indígenas. Incluso en países donde hay protecciones legislativas específicas, pueden ser inadecuadas porque reconocen algunos aspectos de los derechos indígenas pero no otros. La ausencia de regulación para implementar consultas con los pueblos indígenas en proyectos de desarrollo que tienen lugar en tierras tradicionales, por ejemplo, tiene implicaciones legales para los agentes del sector privado que operan en países que han ratificado el Convenio n.º 169 de la OIT.
• Cumplimiento deficientes de las leyes de derechos indígenas debido a una mala comprensión de estas leyes y culturas indígenas, capacitación o recursos inadecuados y prioridades económicas y políticas contradictorias. Los altos niveles de corrupción también pueden contribuir a las violaciones de los derechos indígenas, por ejemplo, en la emisión de permisos de tierra en zonas indígenas tradicionales. Por otra parte, la falta de comprensión de los derechos de los pueblos indígenas entre diversos grupos de interés, incluidos los responsables de la formulación de políticas locales o nacionales, y los agentes de los sectores público y privado en general, contribuye a los prejuicios y la discriminación permanentes contra las comunidades indígenas. Por ejemplo, la marginación generalizada y profundamente arraigada a la que se enfrentan los pueblos indígenas es un factor clave del número desproporcionadamente alto de personas pertenecientes a pueblos indígenas detenidos en algunos países.
• El incumplimiento de la obligación de consultar a los pueblos indígenas es otro factor de riesgo clave. Si bien los países pueden reconocer algunos aspectos de los derechos indígenas, las leyes específicas que garantizan el derecho a ser consultado no están generalizadas. Las consultas con los pueblos indígenas deben realizarse a través de procedimientos apropiados que fomenten un clima de confianza mutua. La participación debe garantizar que los pueblos indígenas dispongan de toda la información pertinente y del tiempo suficiente para permitirles llevar a cabo sus propios procesos de toma de decisiones y participar eficazmente en las decisiones tomadas, de manera coherente con sus tradiciones culturales y sociales. Sin estas garantías, existe un mayor riesgo de violaciones de los derechos indígenas.
• Las prioridades contradictorias entre grupos de interés dispares de la comunidad local pueden reforzar las tensiones existentes o antagonizar a partes de la población. En muchos casos, las comunidades locales pueden estar formadas por pueblos indígenas y no indígenas. Las diferentes prioridades entre grupos competidores, por ejemplo en relación con los proyectos de infraestructuras, pueden dar lugar a conflictos si las empresas no los gestionan con cuidado.
• Entorno deficiente en materia de derechos a la tierra en el que las tierras indígenas tradicionales están mal documentadas o son ambiguas. La tenencia insegura de tierras debido a la falta de reconocimiento de la tenencia tradicional indígena de tierras, el acaparamiento de tierras y el desplazamiento forzoso, o la ausencia de títulos claros de tierras aumentan el riesgo de conflicto en esta materia.
• Un entorno deficiente para los derechos civiles y políticos también puede amenazar los derechos indígenas. El riesgo de violaciones de los derechos indígenas tiende a ser mayor en países represivos donde, por ejemplo, el espacio cívico se está reduciendo y los defensores indígenas de los derechos humanos y del medio ambiente se enfrentan a represalias. En algunos países, los conflictos socioambientales pueden dar lugar a abusos por parte de las fuerzas de seguridad o a la militarización de los territorios indígenas.
• La falta de cultura institucional o competencias especializadas dentro de las empresas puede obstaculizar las relaciones significativas con los grupos indígenas. Establecer un compromiso efectivo puede ser aún más difícil si se tiene en cuenta una amplia gama de estructuras de gobierno indígenas.

Si bien los desafíos para proteger o garantizar los derechos de los pueblos indígenas están presentes en muchas industrias, los siguientes sectores presentan niveles particularmente significativos de riesgo: agricultura/agroindustria, infraestructuras y extracción, según se describe más a fondo a continuación. Sin embargo, los pueblos indígenas también se ven afectados por otros sectores, como el turismo y los viajes. Para identificar posibles riesgos en otros sectores, las empresas pueden acceder a la herramienta Comprobación de riesgos de RSE.

Según la ONU, los pueblos indígenas se ven particularmente afectados por proyectos de desarrollo agrícola a gran escala que se implementan sin su consentimiento libre, previo e informado.

Entre los factores de riesgo específicos de la agricultura figuran los siguientes:

• Usurpación de tierras indígenas: Como industria con un uso intensivo de la tierra, los proyectos de desarrollo agrícola o agroindustrial pueden invadir tierras indígenas. La falta de comprensión de los derechos específicos de los indígenas, como sus derechos sobre sus tierras y territorios tradicionales, o el principio del CLPI, es común, en particular cuando se opera en países con una protección deficiente de los derechos indígenas o normas legales poco sólidas.
• Lejanía de los proyectos: Los proyectos suelen tener lugar en áreas remotas o con escasa presencia de gobierno. Debido al aislamiento geográfico de muchas zonas indígenas, a menudo los pueblos indígenas tienen dificultades para acceder a la justicia o la reparación cuando se enfrentan a violaciones de sus derechos humanos, como la invasión ilegal, el acaparamiento de tierras o el desplazamiento forzoso.
• Subsidios: Los elevados subsidios a la exportación y el apoyo interno proporcionado a las empresas agroindustriales han provocado la pérdida de medios de vida para muchas comunidades indígenas. Por ejemplo, la ONU señala que los productores indígenas de maíz en México han experimentado la pérdida de medios de vida debido a prácticas de dumping de maíz barato y muy subsidiado de los EE. UU.

La ONU informa de que los megaproyectos de infraestructuras, como las grandes presas, han tenido un impacto desproporcionado en los pueblos indígenas. Las grandes presas hidroeléctricas, la infraestructura viaria y ferroviaria y las líneas eléctricas han provocado la pérdida de tierras indígenas y medios de vida, pérdida cultural y violaciones de los derechos humanos.

Entre los factores de riesgo específicos de las infraestructuras cabe destacar los siguientes:

• Impulso a la energía limpia o renovable: Se ha informado que la presión por la energía limpia o renovable impulsa violaciones de los derechos humanos, también contra los pueblos indígenas. El Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos afirma que tras el aumento de la inversión en energías renovables tras el acuerdo sobre el clima de París y el lanzamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, han aumentado las acusaciones de violaciones de los derechos humanos relacionadas con proyectos de energías renovables. Detrás de muchas de estas acusaciones hay procedimientos inadecuados de diligencia debida en materia de derechos humanos y de evaluación de impacto. Por ejemplo, el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos informó de que casi una cuarta parte (24 %) de las violaciones de los derechos sociales y los medios de vida en México están vinculados a la industria solar.
• Riesgos para la salud: Los proyectos hidroeléctricos se han relacionado con riesgos graves para la salud, lo que ha afectado negativamente a las comunidades indígenas que viven cerca de estos proyectos. Un estudio de Harvard de 2016 reveló que cuando se construyen presas para proyectos hidroeléctricos, el mercurio natural de los suelos se convierte en metilmercurio, una toxina relacionada con el deterioro de la calidad del agua. Esta contaminación del agua se asocia a riesgos graves para la salud, como enfermedades cardiovasculares y retrasos en el desarrollo neurológico en niños.
• Preocupaciones de seguridad: Los proyectos de infraestructura también se han relacionado con otros problemas de seguridad. Por ejemplo, Minority Rights Group (Grupo de Derechos de las Minorías) informó de que en 2018, el agua vertida de un proyecto hidroeléctrico en el río Doyang en Nagaland, India, inundó 10 000 hectáreas y afectó a miles de personas, muchas de las cuales eran indígenas, al destruir sus casas, fábricas y campos. Los proyectos hidroeléctricos también se han relacionado con desprendimientos de tierras.
• Proyectos de carreteras: Los nuevos proyectos de construcción de carreteras también se han relacionado con violaciones de los derechos indígenas. El proyecto de autopista Trans-Papua Highway, una red de 2 700 millas construida a lo largo de Papúa Occidental en Indonesia, es uno de esos ejemplos. El enorme proyecto de infraestructura es un factor clave del conflicto en curso y la deforestación, sin consultas con grupos indígenas papuanos. Los grupos de la sociedad civil informaron de que es poco probable que el proyecto de infraestructura beneficie a los indígenas papuanos, sino que amenaza su bienestar económico.

Se ha relacionado con frecuencia a la industria extractiva con violaciones de los derechos indígenas. Algunos casos conocidos ponen de manifiesto violaciones atroces de los derechos humanos, incluido el uso de fuerza letal o asesinatos selectivos de activistas indígenas o defensores de los derechos humanos. El desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas ha generado conflictos prolongados y disturbios sociales.

Entre los factores de riesgo específicos de la industria extractiva cabe destacar los siguientes:

• Derechos culturales afectados: Como las operaciones mineras suelen estar ubicadas en tierras indígenas o cerca de estas, pueden afectar a los derechos culturales de los pueblos indígenas (véase el estudio de caso sobre Río Tinto y el barranco de Juukan).
• Residuos mineros: La gestión o la eliminación inadecuadas de los residuos mineros ha provocado contaminación del agua, la destrucción de los medios de vida y el desplazamiento de comunidades indígenas. Los problemas estructurales con las escombreras (por ejemplo, derrumbes) afectan de manera desproporcionada a las comunidades indígenas que sufren los peores efectos del daño ambiental y la degradación de tierras que son necesarias para su supervivencia material o cultural.
• Uso de agua: La gran cantidad de agua necesaria en las operaciones mineras puede causar escasez de agua en las comunidades indígenas y afectar a sus medios de vida, incluida su propia agricultura. Las operaciones de minería de litio en el desierto de Atacama de Chile, por ejemplo, han afectado negativamente las costumbres y la agricultura de los pueblos indígenas. Al igual que la tierra, el agua puede tener valor espiritual y cultural para los pueblos indígenas. Como consecuencia de ello, la fuerte dependencia del agua puede conducir a la violación de los derechos indígenas a las tierras, territorios y recursos tradicionales.
• Fuerzas de seguridad: El uso de fuerzas de seguridad públicas y privadas para proteger los emplazamientos mineros, en particular en países donde se sabe que recurren a medidas violentas o represivas, suponen un alto riesgo de que las comunidades indígenas sufran graves violaciones de los derechos humanos. Los pueblos indígenas han sido víctimas de asesinatos, torturas, arrestos arbitrarios e intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad por manifestar su oposición a las operaciones mineras en sus tierras tradicionales.

En este apartado se describen las medidas de diligencia debida que pueden adoptar las empresas para respetar a los pueblos indígenas en sus operaciones y cadenas de suministro. Los pasos de diligencia debida descritos están alineados con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Se facilita más información sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas en la sección «Marcos clave de diligencia debida en materia de derechos humanos» más adelante o en la Introducción.

Aunque los pasos siguientes ofrecen orientaciones sobre el respeto por los derechos de los pueblos indígenas en particular, suele ser más eficiente en términos de recursos que las empresas «optimicen» sus procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos identificando y abordando al mismo tiempo otras cuestiones pertinentes en este ámbito (por ejemplo, trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación, libertad de asociación).

Las empresas deben considerar la adopción de una política de derechos humanos que respete y proteja los derechos de los pueblos indígenas. Aunque algunas empresas, especialmente en la industria minera, han desarrollado políticas independientes sobre los pueblos indígenas (por ejemplo, BHP), es más habitual que las empresas integren los compromisos con los derechos de los pueblos indígenas en una política de derechos humanos (Hess, Mitsui y Equinor) u otro documento de política que rija la relación entre la empresa y las comunidades indígenas y otras comunidades locales (Río Tinto).
La Guía de referencia para las empresas sobre la DNUDPI del Pacto Mundial de las Naciones Unidas aconseja que, en circunstancias en las que sean necesarias disposiciones específicas sobre las relaciones de la empresa con los pueblos indígenas, los representantes indígenas y los expertos en derechos humanos participen en el desarrollo de la política. Una vez que una empresa tiene una política de derechos de los pueblos indígenas, sería una buena práctica exigir a los socios comerciales, como los subcontratistas y los socios de empresas conjuntas, que se adhieran a la política y la apoyen desarrollando sus propias políticas. Algunas de las acciones recomendadas por la Guía de referencia para las empresas del Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de una política de derechos de los pueblos indígenas incluyen las siguientes:

• Asignar a la alta dirección la responsabilidad de impulsar, aplicar y revisar las políticas existentes o nuevas;
• Mapear y estudiar las políticas existentes para identificar la cobertura existente de los derechos y las brechas de los pueblos indígenas;
• Implicar a todas las partes pertinentes de la actividad, incluida la actividad principal y recursos humanos, asuntos institucionales, asuntos jurídicos, adquisiciones y seguridad, en el proceso de desarrollo, ejecución y revisión de la política; y
• Involucrar a los grupos de interés internos y externos en el proceso, en particular a las comunidades indígenas locales con las que la empresa interactúa y trabaja.

Las empresas deben realizar una evaluación de sus impactos reales y potenciales sobre los derechos de los pueblos indígenas centrada en sus propias actividades empresariales y sus relaciones con terceros, incluidos socios comerciales. Los Principios Rectores subrayan que la acción apropiada variará en función de (i) si la empresa provoca o contribuye a provocar las consecuencias negativas, o si está implicada únicamente porque las consecuencias están directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales; y (ii) su capacidad de influencia para prevenir las consecuencias negativas. Como tales, estos dos elementos deben tenerse en cuenta al realizar evaluaciones de impacto.

Las empresas pueden consultar la Guía de referencia para empresas sobre la DNUDPI del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para obtener recomendaciones clave sobre la realización de evaluaciones de impacto. La guía especifica que las evaluaciones de impacto deben continuar durante la duración del proyecto empresarial y posteriormente, según sea necesario, para garantizar que se documenten todos los impactos del proyecto.

Las evaluaciones de impacto pueden abarcar desde una evaluación documental de alto nivel hasta un ejercicio mucho más exhaustivo basado en el reconocimiento sobre el terreno, la consulta directa a las comunidades indígenas, una consulta de documentos gubernamentales (incluidos, por ejemplo, registros de la propiedad), el compromiso con los grupos de interés de la sociedad civil local y, si procede, otras empresas que operan en la zona.

Las empresas pueden evaluar los derechos de los pueblos indígenas en los países en los que operan y en los que compran consultando los perfiles de riesgo nacionales. Dos recursos creíbles de la sociedad civil en relación con los derechos de los pueblos indígenas son las publicaciones anuales «The Indigenous World» (El mundo indígena) del Grupo Internacional de Trabajo para Asuntos Indígenas (IWGIA) y el «Directorio mundial de minorías y pueblos indígenas» del Grupo de Derechos de las Minorías. Estos recursos ofrecen información sobre dónde se encuentran las regiones y los países de mayor riesgo, y esbozan tendencias respecto a los derechos de los pueblos indígenas.

La guía sobre los pueblos indígenas elaborada por el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR) contiene recomendaciones prácticas y paso a paso sobre cómo pueden las empresas ejercer la diligencia debida y desarrollar e implementar planes de acción. Garantizar una consulta adecuada es un primer paso esencial que fundamentará de manera decisiva el plan de acción de una empresa sobre los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas deben ser consultados para obtener un acuerdo o consentimiento, y la consulta debe realizarse de acuerdo con las normas internacionales antes de tomar decisiones definitivas sobre la viabilidad del proyecto.

Las empresas pueden consultar la Guía de referencia para empresas sobre la DNUDPI del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para obtener recomendaciones clave sobre la comprensión y la aplicación de procesos de consulta para garantizar el CLPI. La guía recomienda las siguientes acciones empresariales en relación con el CLPI:

• Considerar la posibilidad de contratar a un facilitador independiente y culturalmente sensible, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales (ONG) locales o expertos independientes, elegidos por para los pueblos indígenas en cuestión o que estos acepten, para que ayuden con las negociaciones o los procesos de consulta. Esto debe hacerse de manera que no influya en las personas que decidan involucrar, ni influya en las opiniones del proveedor de estos servicios.
• Considerar la posibilidad de brindar apoyo (por ejemplo, financiero, logístico, etc.) para fortalecer la capacidad de los procesos de toma de decisiones de una comunidad, teniendo presente que hacerlo no cree una presión indebida para dar su consentimiento.
• Considerar la adopción de medidas para el seguimiento independiente del proceso del CLPI y sus resultados, mediante la participación de un experto independiente elegido en consulta con los pueblos indígenas afectados.

En la guía del PNUD se incluye una lista de verificación útil para evaluar si una actividad requiere un proceso CLPI.

Las empresas deben revisar regularmente su enfoque de los derechos de los pueblos indígenas para determinar si sigue sirviendo a las comunidades indígenas y los grupos de interés involucrados. La guía sobre los pueblos indígenas desarrollada por el DIHR proporciona una lista de verificación procesable a la que las empresas pueden hacer referencia cuando realizan un seguimiento del desempeño en relación con los derechos de los pueblos indígenas, incluidas consideraciones como las siguientes:

• ¿Se ha elaborado y acordado con los pueblos/comunidades indígenas afectados un plan específico de compromiso con estos?
• ¿Se ha adoptado una estrategia de seguimiento participativa para la supervisión del desempeño frente a los riesgos clave o los posibles impactos identificados?

El seguimiento participativo de los compromisos medioambientales y sociales puede aumentar la transparencia y promover la confianza entre una empresa y los miembros de la comunidad local. Puede ayudar a disipar las críticas externas, a acallar rumores infundados dentro de la comunidad y a garantizar mayores niveles de «aceptación» por parte de la población local. El seguimiento participativo puede incluir:

• La participación de representantes indígenas en el muestreo y análisis científico, junto con un equipo ambiental propio de la empresa. En muchos casos, la empresa tendrá que garantizar que el desarrollo de capacidades lo lleve a cabo un tercero independiente para garantizar que dichos representantes puedan participar en este proceso de manera plena y efectiva.
• Validación de la evaluación inicial del impacto por parte de los miembros de la comunidad indígena y análisis conjunto de los esfuerzos de gestión y mitigación de la empresa sobre la base de los registros de impactos en los miembros de la comunidad afectados
• Evaluar los cambios relacionados con la empresa/el proyecto en el entorno local y el contexto socioeconómico a lo largo del tiempo con la aportación de los miembros de las comunidades indígenas.

Se espera que las empresas comuniquen su desempeño en lo que atañe a los derechos de los pueblos indígenas en un informe público formal, que puede hacerse a través de los informes de sostenibilidad o sobre derechos humanos más amplios de las empresas (por ejemplo, el Informe de Sostenibilidad de Shell), o en su Informe de Progreso anual en la aplicación de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Además, otras formas de comunicación pueden incluir reuniones presenciales, diálogos en línea y consultas con los grupos de interés afectados.

Los mecanismos de reclamación contribuyen a generar confianza y comprensión de los problemas entre las empresas y los pueblos indígenas. Proporcionan un punto inicial de recurso para identificar y abordar las preocupaciones de las comunidades indígenas afectadas antes del punto de escalada. Estos canales también ayudan a desarrollar relaciones más sólidas con las comunidades indígenas. Es una buena práctica que las empresas involucren a las comunidades locales y a terceros respetados en el diseño y la implementación del mecanismo de quejas, y consideren establecer un proceso de quejas administrado por un organismo respetado e independiente. Otra buena práctica consiste en garantizar que los mecanismos de reclamación sean accesibles a todos los pueblos indígenas, incluidas las mujeres, los jóvenes, los mayores y otros grupos potencialmente vulnerables.

Los mecanismos de reclamación variarán en función de si una empresa ha causado el impacto adverso en pueblos indígenas, ha contribuido a él o está directamente relacionada con él. La guía del Pacto Mundial de Australia tiene una imagen útil (p. 9) que explica el continuo «causa, contribución y relación directa» y especifica las estrategias de remediación adecuadas en cada caso. Las empresas también pueden consultar la Guía de referencia para empresas sobre la DNUDPI del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para obtener recomendaciones clave sobre cómo establecer mecanismos de reclamación culturalmente apropiados y eficaces para las comunidades indígenas.

Los mecanismos de reclamación son esenciales para garantizar la reparación efectiva de los impactos negativos en los pueblos indígenas. La inclusión de los pueblos indígenas en el proceso de reparación y la mejora de la propiedad local del proceso garantizan la aceptación y legitimidad de un plan de reparación. La participación indígena en el proceso de reparación también puede ayudar a las empresas a desarrollar planes de reparación que se adapten mejor a las necesidades de una comunidad indígena en particular.

Esta sección incluye ejemplos de acciones de empresas para evitar violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en sus operaciones y cadenas de suministro.

A continuación se incluyen algunos ejemplos de orientación adicional en materia de pueblos indígenas:

• OIT, Extractos de informes y comentarios de los órganos de control de la OIT: Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (n.º 169): Organizado de manera temática y cronológica, este documento pretende difundir las observaciones y recomendaciones de los órganos de control de la OIT en el contexto de la aplicación del Convenio n.º 169 de la OIT.
• OIT, Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales n.º 169 de la OIT: Hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo: Este informe presenta la situación social y económica de las mujeres y los hombres indígenas analizando aspectos clave como la población, el empleo y la pobreza, así como los importantes progresos realizados en las políticas públicas, en particular en lo relativo a las instituciones, la consulta y la participación.
• IWGIA y OIT, Efectos de la COVID-19 en las comunidades indígenas: perspectivas del Navegador Indígena: este informe destaca el impacto diferenciado que tiene la COVID-19 en los pueblos indígenas.
• IWGIA y OIT, Pueblos indígenas en un mundo laboral cambiante: exploración de los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas a través del Navegador Indígena: este informe explora los obstáculos a los que se enfrentan los pueblos indígenas para desempeñar sus ocupaciones tradicionales y acceder a oportunidades de trabajo digno, educación y protección social.
• OIT, Explorando y abordando las barreras a la participación y organización de las mujeres indígenas: Este estudio tiene como objetivo identificar y analizar las barreras a la participación y la organización a las que se enfrentan las mujeres indígenas en múltiples niveles.
• OIT, Pueblos indígenas y una transición justa para todos: este informe de políticas presenta los vínculos entre la transición justa y los pueblos indígenas, y proporciona recomendaciones de políticas clave para implementar el diálogo social a fin de garantizar una transición justa para todos.
• FIDA, Política de colaboración con pueblos indígenas: actualización de 2022: esta política ofrece una visión general de los principios de participación cuando se trabaja con los indígenas y los instrumentos, procedimientos y recursos que el FIDA utilizará para implementar estos principios.
• Business Reference Guide to the UNDRIP, Suplemento práctico: Guía de referencia sobre la DNUDPI para empresas: Este recurso recopila una lista de prácticas empresariales para sensibilizar sobre la responsabilidad corporativa de respetar los derechos de los pueblos indígenas y la oportunidad de apoyar estos derechos.
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Pueblos indígenas y el papel del consentimiento libre, previo e informado: esta nota explora los argumentos empresariales para obtener el CLPI y los desafíos que probablemente surjan en el proceso. Describe buenas prácticas actuales de la empresa para obtener el CLPI y analiza las prácticas emergentes que no solo respaldan el CLPI sino que también proporcionan beneficios a largo plazo para las comunidades indígenas afectadas.
• Naciones Unidas, Estado de los pueblos indígenas del mundo: este informe promueve la sensibilización respecto a las cuestiones que atañen a los pueblos indígenas en el marco del sistema de las Naciones Unidas, con los Estados, el ámbito académico y el público en general.
• Naciones Unidas, Consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas: este recurso proporciona a las empresas una comprensión del CLPI.
• International Finance Corporation (IFC), Norma 7 — Pueblos indígenas: La IFC ha desarrollado una nota de orientación para sus clientes con el fin de implementar la Norma de Desempeño 7 de la IFC sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las empresas pueden utilizar este recurso para garantizar que las actividades comerciales minimicen los efectos negativos, fomenten el respeto por los derechos humanos, la dignidad y la cultura de las poblaciones indígenas y promuevan los beneficios del desarrollo de manera culturalmente apropiada.
• IFC, Participación de las partes interesadas: manual de buenas prácticas para empresas que operan en mercados emergentes: Esta guía proporciona consejos útiles sobre cómo pueden las empresas interactuar con los grupos de interés, incluidas recomendaciones específicas sobre cómo consultar a las comunidades indígenas.
• CFI, Investing in People: sostener a las comunidades a través de las mejores prácticas empresariales: La CFI creó esta guía como recurso para ayudar a los clientes de la CFI y a otras empresas a establecer programas efectivos de desarrollo comunitario para las comunidades ubicadas cerca de sus operaciones o afectadas por estas, incluidos los pueblos indígenas.
• SME Compass, Brújula de diligencia debida: esta herramienta en línea ofrece orientación sobre el proceso general en materia de diligencia debida en derechos humanos llevando a las empresas a través de cinco fases clave de diligencia debida.
• SME Compass, Normas Compass: esta herramienta en línea ofrece orientación sobre a qué prestar atención al seleccionar normas de sostenibilidad o al participar en iniciativas de múltiples partes interesadas. Permite comparar normas e iniciativas con respecto a su contribución a la diligencia debida en materia de derechos humanos y sus posibles limitaciones.
• SME Compass, Descargas: hay guías prácticas y listas de verificación disponibles para su descarga en el sitio web de SME Compass para integrar los procesos de diligencia debida, mejorar la gestión de la cadena de suministro y hacer que los mecanismos sean más eficaces.
• Servicio de asistencia de la OIT para empresas, Centro de información nacional: este recurso se puede utilizar para informar sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos, proporcionando información específica por país sobre los diferentes derechos laborales.