En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó que Colombia tomara las medidas necesarias para permitir que los niños indígenas wayúu accedieran a agua potable segura. La solicitud se produjo a raíz de una petición emitida por la Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales Wayúu Shipia Wayúu para tratar de recuperar el acceso al río Rancheria que había sido previamente embalsado por el Gobierno. La mayor parte del agua de la presa se destina al abastecimiento de la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón, afectando gravemente al abastecimiento de agua de la comunidad Wayúu. La mina de Cerrejón, que antes era copropiedad de BHP Billiton, Anglo American y Glencore, también se ha relacionado con el desplazamiento forzoso de la comunidad wayúu y otras comunidades indígenas y afrocolombianas, así como con la contaminación generalizada y extrema del agua y la atmósfera en las cercanías de la mina.
En junio de 2020, un abogado británico presentó un recurso al Relator Especial sobre los derechos humanos y el medioambiente de la ONU para que interviniera en nombre del pueblo de wayúu debido a los supuestos daños de las operaciones de la mina de carbón a su salud. En respuesta a ello, los operadores de la mina declararon que rechazaban la presentación de información sesgada e imprecisa sobre el desempeño ambiental y social de la mina. Además, señalaron que habían integrado procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos para gestionar los impactos de la operación y habían desarrollado programas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades étnicas cercanas a la mina. Pese a ello, en septiembre de 2020, el Relator Especial de la ONU, David Boyd, pidió a Colombia que suspendiera las operaciones en Cerrejón hasta que se demostrara que son seguras para la comunidad wayúu.
El 1 de marzo de 2021, se llegó a un acuerdo entre los operadores de la mina y la comunidad indígena wayúu de la Reserva Provincial para cumplir con los requisitos dictados por el Tribunal Constitucional del país. La orden obliga a los operadores a cumplir los requisitos destinados a proteger la salud y el medioambiente de la comunidad Provincial. La ejecución del acuerdo incluye la construcción de un nuevo centro de salud, el establecimiento de un programa de rehabilitación ambiental en diferentes zonas de la Reserva y la creación de un vivero que prevé producir 100 000 plantas al año y generar ingresos para la comunidad.
https://www.cerrejon.com/en/sustainability/communities/social-dialogue